Gobierno Nacional trabaja por la seguridad y tranquilidad en Buenos Aires, tras aplicación de operativo estatal

Quito, Ecuador – La madrugada de este martes 02 de julio, inició el operativo policial y militar en la zona no poblada de la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura. En este sitio, en los últimos dos años se han asentado miles de personas dedicadas a la minería ilegal y otro tipo de actividades ilícitas.

La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que tras decretarse el estado de excepción en la zona se ha dispuesto que toda la administración pública atienda de forma integral el lugar, principalmente los aspectos de seguridad. “En la zona, que no está dentro de la parroquia sino a horas de distancia caminando por lugares donde no hay carreteras construidas por el Estado y de difícil acceso, calculamos que podrían existir miles de personas asentadas dedicadas a otro tipo de ilícitos que se vinculan con este negocio”, señaló.

Entre los delitos que se han cometido en la zona vinculados a la minería ilegal se encuentran: homicidios, explotación laboral, explotación sexual, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación y contrabando. También se han detectado delitos flagrantes como: tenencia de armas y explosivos, tráfico de combustibles, transporte irregular de buses y camionetas e insalubridad. Según las investigaciones, hay todo un sistema de transporte instalado en la zona, con decenas de poleas con las que se traslada el material explotado ilegalmente.

La ministra Romo remarcó que la minería ilegal es una amenaza multidimensional porque, además de alterar la seguridad y tranquilidad de las personas, produce una gravísima afectación ambiental. Las fotografías satelitales evidencian que en los dos últimos años la “mal llamada minería artesanal” ha depredado la zona que está siendo intervenida. Muestra de ello son los lugares denominados: Ciudad de Plástico, La Visera, La Mina Vieja y La Mina Nueva.

La Policía Nacional, así como las FF.AA., han tenido una presencia permanente para la realización de controles, de acuerdo con sus competencias. “En 2018, se desarticularon 65 grupos delictivos y en lo que va de 2019 se han desarticulado 27. En estos dos años se han aprehendido 859 personas dedicadas a estas actividades ilícitas, 350 vehículos. Se han decomisado 3.474 toneladas de material y se han realizado 325 operaciones”, precisó Romo.

Al momento hay un puesto de mando en la parroquia de Buenos Aires y otro en la ciudad de Ibarra, en donde la Ministra del Interior se reunirá con el COE provincial para dar seguimiento al operativo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, manifestó que las FF.AA. apoyan y garantizan el cumplimiento de la función de las instituciones estatales que participan para combatir los delitos que se tienen, proteger a la población y garantizar que las actividades lícitas y comerciales de todo tipo, especialmente de minería, se desarrollen en forma legal como necesita el país.

El ministro Jarrín aseguró que la acción policial y la acción fiscal estará resguardada por la fuerza militar en los casos que se requiera y que se ha determinado de forma concreta; en todas las acciones se evitará violencia.

“Esta es una actividad del Estado y, por ello, todas las instituciones nos sentimos comprometidas con los objetivos que son: preservar la seguridad, garantizar las actividades de la población y que el territorio se encuentre adecuadamente manejado para las diferentes actividades sin afectación ni a la población, ni a los recursos, ni a las actividades lícitas que tienen que desarrollarse en la zona”, dijo el ministro Jarrín.

Ante los rumores sobre actos violentos en la zona, la ministra Romo enfatizó que es desproporcionado hablar de ‘matanzas’. “Lamentamos que este tema se haya prestado para que circulen noticias y fotos falsas que correspondían a otra realidad”, señaló, y recalcó que durante los meses previos a esta intervención han existido muertes violentas, pero no se han verificado los rumores sobre violencia y muerte a gran escala.

El ministro Jarrín explicó que lo que se presenta en la zona aledaña a la parroquia de Buenos Aires es ‘delincuencia organizada’ y descartó que en Ecuador haya guerrilla o grupos armados organizados. “Aun teniendo armas de grueso calibre, no deja de ser una delincuencia organizada que se ha armado con determinados individuos que están identificados y que van a ser intervenidos”, señaló.

Finalmente, las autoridades confían en que esta intervención devolverá la tranquilidad a la parroquia del cantón Urcuquí y estará acompañada de una intervención integral de otras instancias del Estado.

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